DDHH: INDH condena nuevo ataque en contra de sitio de memoria Villa Grimaldi

Por segunda vez el sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi fue atacado por el Movimiento Social Patriota, que instaló un lienzo en el frontis del espacio, en el que se indica “No lucren más con los DDHH”.

Este acto se suma al ocurrido en agosto de 2018 en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, en el que el grupo nacionalista instaló también un lienzo, esa vez acusando que “Aquí la izquierda lucra y adoctrina con la memoria de los chilenos torturados”.

Para la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Conteras, este hecho es de preocupación dado que se da en contexto de creciente negacionismo en el país.

La directora del INDH expresó que “condenamos este tipo de intervenciones o ataques a sitios de memoria, en este caso el Parque por la Paz Villa Grimaldi, dado que juegan un rol fundamental para la no repetición de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Chile durante la dictadura”.

Preocupa también al Instituto que “la labor de los defensores de derechos humanos, es decir personas que trabajan por su respeto y promoción, sean sujetos de ataques y cuestionamientos injustos, más aún cuando muchos de ellos fueron víctimas de delitos de lesa humanidad en el periodo 1973-1990.Debemos recordar que el trabajo que realizan es fundamental para la preservación de la memoria histórica de Chile”.

“Toda sociedad democrática que ha vivido períodos de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos tiene el deber de establecer la verdad acerca de los hechos ocurridos, como también el establecimiento de responsabilidades para quienes perpetraron estas violaciones. Sin embargo, las diversas formas de negación constituyen una obstrucción a los procesos de establecimiento de la verdad sobre cómo específicamente es que se han vulnerado los derechos humanos”, sostuvo Consuelo Conteras.

Cabe recordar el ataque que perpetró en octubre pasado un grupo de desconocidos en contra de la Casa Memoria José Domingo Cañas, cuando ingresaron al lugar causando daños al cerco eléctrico, a la alarma de seguridad y al medidor eléctrico, dejando además excremento en las instalaciones del sitio.

INDH denuncia a Canal 13 y TVN por dichos vulneratorios de derechos de Tonka Tomicic y Macarena Tondreau

Dos denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) fueron presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en las cuales se expusieron las vulneraciones a la dignidad humana, a la integridad personal, y a la prohibición absoluta de la tortura, reflejadas en los dichos de las animadoras de los matinales de TVN y de Canal 13, Macarena Tondreau y Tonka Tomicic, respectivamente.

Lo anterior a propósito de los castigos que recibieron en la cárcel los ciudadanos ecuatorianos imputados por el asesinato de la trabajadora de la Universidad de Chile, ocurrido hace un par de semanas.

Las presentaciones del INDH citan la emisión de Canal 13 del 22 de junio (ver video aquí), ocasión en que Tonka Tomicic justificó las torturas de que fueron sujetos los ecuatorianos. “Aunque me traten de lo que sea. Bien merecido. ¿Qué pasa si te matan a tu mamá? ¿Qué pasa si te matan a tu hermana? ¿A tu hija, tu hijo? ¿Es que sabes lo que me pasa? Es que cuando hay distancia, todo lo vez de una manera distinta. Yo lo entiendo. Todos merecen las oportunidades, merecen un juicio justo, merecen estar en cárceles bien, con las mínimas condiciones que requiere un ser humano. Pero ponte tú en los zapatos. ¿Qué pasa si te ocurre a ti? ¿Sabí qué? Bien merecido, bien merecidos los cachucha…, perdón, los cachuchazos, los garabatos…”, expresó la animadora de Canal 13.

Además, Tomicic relativizó los hechos conocidos, es decir, los golpes y la corriente eléctrica aplicada a los sujetos, señalando: “Estos delincuentes, estos criminales, no importa, pueden ser chilenos o de cualquier parte del mundo, tienen solamente lesiones leves. Eso escuché”.

En la misma fecha, pero a través de las pantallas del canal estatal, Macarena Tondreau, bajo el título de “¿Castigo merecido o tortura injustificada?”, sostuvo (ver video aquí): “Apoyo los derechos humanos. Apoyo el derecho de los animales, pero no el de las bestias. Para mí estas personas son bestias y los golpearon otras bestias. Yo hubiese hecho lo mismo. A lo mejor no con mis manos, porque soy cobarde”.

Dicha panelista agregó que “me pasa que no puedo conectarme con estas personas. No las veo como seres humanos” y que “a mí no me pasó absolutamente nada viendo este video”, aseguró.

Por estas expresiones el INDH solicitó al CNTV que en su deber de supervisión de la calidad de los contenidos de los servicios de televisión, represente a Canal 13 y a TVN que estas emisiones vulneraron la normativa nacional a internacional sobre respeto a la dignidad humana, a la integridad personal y a la prohibición absoluta de la tortura; recordándoles que como medios de comunicación tienen el deber de respetar los derechos de todas las personas, y –en el fondo- que situaciones como las descritas, no se vuelvan a repetir a través de sus pantallas.

Cordialmente,
Comunicaciones
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)

INDH presenta amparo en favor de interno que dormiría hace cuatro meses sobre sus excrementos

Cuatro meses llevaría viviendo sobre sus heces y orinas en una celda de aislamiento del Penal Colina II el interno D.A.B.B. que padecería un extendido episodio psiquiátrico de paranoia y respecto de quien el Instituto Nacional de Derechos Humanos –INDH- presentó un recurso de amparo para proteger su seguridad individual.

Según consta en el escrito del INDH fueron los propios internos del penal quienes alertaron sobre el estado de D.A.B.B. a los observadores/as del Instituto, cuando estos realizaban una visita ordinaria para constatar las condiciones del penal.

D.A.B.B. requeriría internación y tratamiento siquiátrico, no obstante por la falta de camas que experimenta el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Norte, esto no  ha podido llevarse cabo. Sin embargo Gendarmería tampoco habría dispuesto las medidas necesarias para otorgarle un tratamiento médico que permita enfrentar la paranoia que padece.

El interno pasaría la totalidad del día en la oscuridad, debido a que además de estar en aislamiento, la celda que habita no tiene electricidad. Cabe señalar que quienes ocupan este tipo de celdas permanecen alrededor de 23 horas diarias encerrados, sin ventanas y sólo con un pequeño orificio en la puerta que los comunica con el exterior.

Indulto presidencial

Un enfrentamiento entre internos del penal de Alto Hospicio ocurrido en octubre de 2017 dejó a uno de ellos de iniciales J.D.B.A. herido en su corazón por un arma corto punzante, lo que le produjo múltiples paros cardiorrespiratorios que finalmente lo dejaron en un  estado vegetativo irreversible.

A raíz de lo anterior, la sede Regional del INDH de Tarapacá inició las tramitaciones pertinentes para que el interno J.D.B.A. fuese beneficiario de un indulto presidencial respecto de su condena, gestión que culminó con éxito dado que la Presidenta Michelle Bachelet le otorgó dicho beneficio el pasado lunes 19 de febrero.

El estado de salud del interno y la gestión realizada por el INDH ante a la Comisión Medica Preventiva de Invalidez (COMPIN) fueron fundamentales para acreditar la discapacidad del interno, quien ya fue retirado del penal por su familia.

INDH presenta querella por obstrucción a la investigación en “Operación Huracán”

Una querella contra todos quienes resulten responsables por el delito de obstrucción a la investigación en perjuicio de los derechos de las personas sobreseídas en el contexto de la denominada “Operación Huracán”, fue presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el Juzgado de Garantía de Temuco.

La acción legal fue interpuesta por el jefe de la sede regional del INDH de La Araucanía, Federico Aguirre, en base a la argumentación de que auxiliares de la administración de la justicia penal, es decir Carabineros, habrían vulnerado los derechos de diez comuneros mapuche imputados durante la investigación que se llevaba a cabo en el marco de la “Operación Huracán”.

Respecto de este caso funcionarios de Carabineros habrían manipulado evidencias, haciendo que tanto la Fiscalía como los tribunales de justicia actuaran en base a antecedentes falsos e implantados intencionalmente, que afectaron el curso y el devenir de la investigación penal, y así también la administración de justicia. Estas acciones habrían también afectado gravemente el debido proceso, el derecho a defensa y a la libertad personal de las personas que en ese momento se encontraban imputadas y que en la actualidad están sobreseídas.

Para el INDH esta situación contravino los principios básicos del proceso penal, así como los estándares internacionales de derechos humanos.

Tras presentar la querella Federico Aguirre sostuvo que “ante la gravedad de los hechos denunciados por el Ministerio Público, en orden a que se adulteraron e implantaron pruebas en contra de 10 dirigentes/as mapuche, ocho de los cuales permanecieron privados de libertad por 26 días, es que el INDH concurre a los tribunales de justicia con el objeto de que se esclarezcan estos hechos de manera pronta”.

El jefe del INDH de La Araucanía agregó que “la afectación de derechos ha sido evidente y se requiere de manera urgente que esta situación sea esclarecida”.

A través de la acción legal el INDH solicita al Ministerio Público que los hechos denunciados sean investigados por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones; que se cite a declarar a  la magistrada que tomó la audiencia de control de detención de los/as comuneros/as; Que se cite a declarar a las autoridades de carabineros de la zona Araucanía; que la PDI a través de la Brigadas de Investigación Criminal reúna todos los antecedentes pertinentes del caso, especialmente los relativos a los funcionarios de Carabineros estarían implicados; entre otras medidas.

Huracán

La “Operación Huracán” fue realizada por Carabineros, recopilando diversos antecedentes de una decena de comuneros mapuche vinculados a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y a otras organizaciones. Tras meses de seguimientos e intervenciones a los aparatos telefónicos de los/as comuneros/as, Carabineros entregó a la fiscalía el material, el cual contenía supuestas conversaciones vía WhatsApp y Telegram, en las que coordinaban eventuales acciones violentas, en específico un atentado en contra de una empresa de la zona.

Derechos humanos y salud mental: INDH constató maltrato en hospitales psiquiátricos

Abuso físico y sexual dijeron haber experimentado personas con discapacidad mental internadas en esos establecimientos, en el marco de un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

El estudio del INDH monitoreó la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en los hospitales psiquiátricos de larga estadía, descubriendo la existencia de maltrato, castigos, y abuso físico y sexual. Los hallazgos surgieron tras la aplicación de una encuesta de percepción a estos pacientes, entre otras herramientas analíticas.

Y aunque en todas las unidades observadas por el INDH, el personal del hospital dijo usar métodos alternativos al aislamiento, destaca el caso de una persona que fue encontrada encerrada y aislada, en condiciones de habitabilidad indignas. A ello se suma el relato de una mujer abusada sexualmente, y la versión de dos testigos que presenciaron hechos de la misma naturaleza, de acuerdo al estudio mencionado, publicado en el Informe Anual 2017 del Instituto.

Al INDH le preocupa la alta frecuencia de la aplicación de castigos, así como las contenciones físicas y farmacológicas, “sin que se hayan agotado otros medios menos nocivos, como la contención emocional y ambiental”, dice el informe mencionado.

“Puesto que los pacientes de las unidades de larga estadía presentan un daño cognitivo profundo, sólo pueden canalizar denuncias verbalmente a través de los funcionarios de la misma unidad”, dice Sebastián del Pino, abogado del INDH.  Por ello, agrega que “resulta esencial que no se cuestione la credibilidad de los pacientes, en virtud de su diagnóstico psiquiátrico, y se establezca claramente la obligación de instruir investigaciones sumarias o sumarios administrativos, por la autoridad que corresponda, a fin de establecer hechos, responsabilidades y sanciones efectivas”.

A partir de las conclusiones del estudio, el INDH insta al Ministerio de Salud a tomar medidas para asegurar que las personas usuarias de establecimientos psiquiátricos de larga estadía puedan formular denuncias y que éstas sean atendidas.

Importante rol de la CONAPPREM

La actividad de las Comisiones Regionales, así como la efectuada por la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales (CONAPPREM), deben mantenerse, dice el INDH en su informe Anual 2017.  Ello “es fundamental para resguardar la vigencia del artículo 15 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativo a la protección contra la tortura, así como el artículo 17 de la misma Convención, sobre protección de la integridad personal”.

Las facultades más relevantes de la CONAPPREM son promover, proteger y defender los derechos humanos de las personas con discapacidad psíquica e intelectual, mientras que las funciones de las Comisiones Regionales son realizar visitas a las instalaciones hospitalarias psiquiátricas, supervisar la aplicación de tratamientos y recibir reclamos de los usuarios.

La falta de recursos propios y el escaso personal de estas Comisiones Regionales así como el hecho de que aún no se haya constituido la Comisión Regional Metropolitana podrían limitar el efectivo resguardo de los derechos de las personas con discapacidad mental, de acuerdo al Instituto.

Por ello, el INDH llama a que se constituya la Comisión Regional de Protección Metropolitana y se promueva una reforma a la Ley sobre Derechos y Deberes de los Pacientes, de modo que la CONAPPREM y las Comisiones Regionales ejerzan sus labores de modo independiente, sin estar sujetas al Ministerio de Salud, y cuenten con recursos humanos y financieros para cumplir con sus mandatos legales.

Hospitales estudiados

El estudio del INDH abarcó tres hospitales y una clínica (Hospital El Peral, Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, y la Clínica Psiquiátrica Raquel Gaete).

Su metodología y los resultados completos están publicados en el Informe Anual 2017 del INDH. Revísalo aquíhttps://www.indh.cl/destacados/informe-anual/

Predominancia de mujeres en listas de espera de salud (GES) preocupa al INDH

La mayoría de las personas en listas de espera de las Garantías Explícitas en Salud (GES) son mujeres, y tres de las principales patologías con retraso las afectan exclusivamente a ellas. Se trata de la atención en la salud dental de las embarazadas, del cáncer cérvico uterino y del cáncer de mamas.

En su Informe Anual 2017, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) llama la atención sobre las situaciones mencionadas, recomendando al Ministerio de Salud dar pronta solución a las listas de espera GES, “particularmente en aquellas patologías que afectan a la población femenina e implican riesgo vital si no se recibe un tratamiento oportuno, como el cáncer cérvico uterino y el cáncer de mamas”.

Las cifras

De acuerdo con información de FONASA, al 31 de enero de 2017 existían 11.464 personas en lista de espera GES. Al desagregar por sexo el retraso de las garantías a nivel nacional, 7.596 de las personas con esta condición corresponde al sexo femenino y el 3.862 al masculino.

Y si se analizan las listas de espera de los 29 servicios de salud públicos existentes a lo largo del país, en 24 de ellos la presencia de las mujeres es mayor a la de los hombres.

A lo anterior se agrega que las tres patologías con mayor retraso en la atención, no solo corresponden a dolencias exclusivamente femeninas sino que dos de ellas implican riesgo vital para la persona en caso de no recibir una atención oportuna.

“Al presentar estos datos, no se puede concluir que FONASA esté realizando acciones discriminatorias o que tenga políticas que discriminen a la mujer con relación a la atención de salud”, dice Marcia Tijero, de la Unidad de Estudios del INDH.  Sin embargo,  agrega, “en la práctica la población femenina es una de las más afectadas por las listas de espera GES y tres patologías que afectan exclusivamente a las mujeres y que son de gravedad, corresponden a las de mayor retraso en la atención”.

La profesional del INDH dice que “incorporar la perspectiva de género a la resolución de las listas de espera GES y No GES, permitiría evidenciar que son las mujeres el grupo más afectado, particularmentecon relación a patologías con riesgo vital”.

Estudio del INDH: La hora del adiós a los hospitales psiquiátricos

Ninguna persona con discapacidad mental debería ingresar a hospitales psiquiátricos de larga estadía, de acuerdo al modelo de atención y asistencia adoptado en Chile y promovido a nivel internacional. Pero siguen entrando, y  tampoco salen. 

Chile le dijo formalmente adiós a los manicomios el año 1952 para luego pasar al modelo hospitalocéntrico que terminó en los 90, cuando se adoptó el sistema ambulatorio vigente.

Basado en la inclusión de la salud mental en la atención primaria y la creación de residencias y hogares protegidos, este modelo busca que las personas con discapacidad mental se inserten en la comunidad y eviten el aislamiento. El sistema se profundizó el año 2000 cuando se aprobó el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría que no contempla mantener hospitalizaciones de larga estadía.

Y aunque desde ese año se produce una disminución paulatina de ingresos en esos hospitales, una observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de septiembre de 2017, constató no sólo que sigue habiendo ingresos, sino que muchas personas que podrían salir no lo hacen por falta de recursos públicos, como carencia de vacantes en las residencias protegidas.

Sin alternativas

Al bajo presupuesto de salud mental en Chile (un 2,16% del presupuesto total de salud pública), que determina la falta de recursos para construir más residencias protegidas, se suma la falta de redes y la pobreza de las personas internadas en estos hospitales.

La jefa de la Unidad de Larga Estadía del Hospital El Peral, Loreto Garay, explica que la mayoría no tiene redes de apoyo, y que no existen otras alternativas otorgadas por el Estado para que estas personas puedan vivir insertas en la comunidad. “Hay al menos 20 usuarios que podrían estar afuera, pero dado que las residencias están copadas no hay mucho que podamos hacer”.

A su vez, Paola Campos, coordinadora de la clínica Raquel Gaete, dice que gran parte de las pacientes no tiene dónde ir. “Además, hay algunas tan viejitas que necesitan otro tipo de cuidados, y ni las residencias ni los hogares protegidos son lugares para ellas”, explica.

Al considerar el caso de las personas que están internadas pero que podrían egresar, Mauricio Gómez, jefe del Departamento de Salud Mental de la Subsecretaría de Salud Pública, dice que la permanencia en el tiempo de los establecimientos de larga estadía se debe a que mucha gente cree que las personas internadas viven bien, y esto “también es tranquilizador porque no amenaza la continuidad institucional”. Un ejemplo de esto, agrega, “fue lo que pasó después del terremoto del 2010, cuando dos hospitales psiquiátricos sufrieron daños similares en su infraestructura, y en un caso se decide potenciar el egreso de personas usando los dineros de la reconstrucción en nuevas residencias protegidas y en insertar a más personas en la comunidad, mientras que en el otro caso se decide reconstruir el edificio del hospital y no egresar a las personas”.

Todo lo anterior podría estar llevando a Chile a no cumplir con la puesta a punto de un modelo de atención que se impulsa a nivel global por el respeto que implica para los derechos humanos de las personas con discapacidad mental, y ante el cual el país tiene obligaciones internacionales.

La urgencia de cambiar esta situación es enfatizada por el INDH en su Informe Anual 2017 en el que recomienda al Ministerio de Salud evitar nuevos ingresos en las unidades y establecimientos psiquiátricos de larga estadía, y evaluar otras formas de cuidado como los hogares protegidos.

La necesidad de capacitar a los funcionarios de los establecimientos y unidades de larga estadía en el modelo social sobre la discapacidad, también es recomendada por el INDH que paralelamente pide al Poder Ejecutivo que junto a los ministerios de Salud, Vivienda y Desarrollo Social, formule “una estrategia para aumentar las plazas en hogares y residencias protegidas a fin de acoger a las personas autovalentes que están en condiciones de ingresar a dichos espacios”.

Hospitales estudiados

El estudio del INDH abarcó tres hospitales y una clínica (Hospital El Peral, Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, y la Clínica Psiquiátrica Raquel Gaete). Su metodología y los resultados completos están publicados en el Informe Anual 2017 del INDH. Revisa el documento aquí.

Reunión de trabajo entre Instituto de DDHH y Superintendencia de Educacion Tarapacá

Una reunión de acercamiento entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y la Superintendencia de Educación Tarapacá (SIE) se realizó para coordinar futuras actividades.

En las dependencias de la Dirección Regional de la Superintendencia de Educacion se reunió Lorena de Ferrari Mir, Directora Regional del instituto de Derechos Humanos para Tarapacá y el Director Regional de la Superintendencia de Educacion, Juan Carlos Sánchez, quienes, junto a sus equipos de asesores, coordinaron acciones a realizar en conjunto en relación a temáticas de “derechos” en las comunidades educacionales de la región.

En este primer encuentro ambas autoridades, dieron a conocer las misiones y visiones de cada institución que administran, centrándose en los derechos de las personas. En este caso de los niños y niñas estudiantes de la región. Es así que, después de una fructífera jornada se acordó realizar encuentros programados entre los profesionales de estos dos servicios, para planificar talleres en las comunidades educacionales con la idea de promover los derechos humanos de todas las personas que viven en Chile.

En este contexto, Lorena de Ferrari, Directora Regional del Instituto de DDHH de Tarapacá, comentó, “ El Instituto Nacional de Derechos Humanos” (INDH) está dando cabida a lo que el Estado señala en proteger los derechos de todas las personas que viven en este país, iniciamos hace poco nuestro accionar en la región, pero ya estamos trabajando en temáticas en la región, por eso es importante buscar alianzas con otros servicios, en este caso con las comunidades educativas, espacio importante que ayuda mucho a ir fortaleciendo los derechos de la personas y que involucra a ambas instituciones”.

Por su parte el Director Regional de la Superintendencia de Educación, Juan Carlos Sánchez, señaló “todos tenemos derechos y el Estado debe resguarda esa garantía para que se cumplan, uno de nuestros pilares como servicio es el resguardo de derechos en la comunidad educativa, por esto que este encuentro de acercamiento con el INDH es positivo considerando que tenemos un mismo sentido de ver las cosas como trabajar con la equidad y respeto de las personas”, aseveró el director regional.

Intituto Nacional de Derechos Humanos de Tarapacá presenta querella por torturas contra Carabineros

La sede regional de Tarapacá del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó en el Juzgado de Garantía de Iquique, una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables del delito de torturas presuntamente perpetradas por funcionarios de Carabineros de Chile en 2014, en perjuicio de un ciudadano.

Conforme con el relato de la víctima, el 18 de abril de 2014 cuando se dirigía en su vehículo desde su trabajo a su hogar, fue asaltado por unos individuos en la Población Jorge Inostroza de Iquique, ocasión en que le fue sustraída su documentación. Sucedido el asaltó llamó a carabineros para dar cuenta de la situación, no obstante luego de algunos minutos decidió seguir por su cuenta a sus victimarios.

En el trayecto se encontró con una patrulla de Carabineros, pidiéndoles a los funcionarios que lo acompañaran a detener a los asaltantes, ante lo que habría recibido como respuesta que se encontraba “drogado y borracho” y que en la comisaría se llevaría a cabo el procedimiento de recepción de la denuncia. No obstante lo anterior fue trasladado al recinto policial en calidad de detenido sin que se le comunicara el porqué de la situación, ni se aplicara el procedimiento pertinente.

Una vez en la comisaría fue llevado a una oficina donde los carabineros lo habrían insultado, esposado y golpeado con manos y pies, para luego quitarle las esposas, golpearlo nuevamente contra una pared y dejarlo caer por una escalera.

Posteriormente fue trasladado al hospital, no para constatar lesiones, sino para ser objeto de una alcoholemia que finalmente no se realizó. Finalmente fue liberado a la mañana siguiente, debiendo en fechas posteriores pagar un parte por conducir sin portar su licencia, la que justamente le había sido robada.

A través de la acción judicial presentada, el INDH solicitó a la Fiscalía se indague sobre los hechos de torturas presuntamente ocurridos; se solicite al Servicio Médico Legal que realice los peritajes del caso; se requieran a Carabineros de Chile todos los antecedentes sobre lo sucedido; y que la PDI investigue les hechos denunciados. Todo lo anterior para establecer las responsabilidades del caso.

Cabe señalar que esta es la primera querella por torturas que presenta la sede del INDH de Tarapacá, en el marco de su reciente instalación en la región.

 Sobre la tortura

La ley 20.968 establece que se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigar a una persona por un acto que se le acuse haber cometido, o por discriminación.

También se entenderá por tortura la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima, o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión.

En el marco de esta ley pueden ser sancionados tanto funcionarios públicos como particulares que participaran en la comisión de este delito, debiendo ejecutarse las condenas a través de presidio, e impidiéndose su cumplimiento por medio de penas remitidas, como libertad condicional, arresto domiciliario u otros.

La tortura es una de las violaciones a los derechos humanos que más intensamente afecta la dignidad humana. Es un crimen cruel que daña indeleblemente a la víctima, en tanto su cuerpo, su voluntad, su libertad y su personalidad se ven constreñidos al abuso y a la fuerza. En el Derecho Internacional de Derechos Humanos existe consenso sobre la prohibición absoluta de someter a personas a torturas, y se establece la obligación especial para los Estados de investigar, sancionar y reparar dichos actos.