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En un procedimiento abreviado fue condenado esta mañana el ex camarógrafo de la Intendencia Regional de Tarapacá Daniel Luna Hidalgo, a la pena de 3 años y un día de presidio como autor de los delitos reiterados de grabar, sin la autorización de las víctimas, hechos de carácter privado que ocurrieron en lugares que no son de libre acceso al público.

En la audiencia, la fiscal especializada en delitos sexuales, Priscilla Silva, indicó que se acordó la realización de un procedimiento abreviado atendida la penalidad del delito, que el acusado no tiene condenas previas y con el consentimiento expreso de las víctimas. Incluso, en la audiencia estuvo presente el abogado Enzo Morales, quien indicó que por expresa indicación de su representada -que corresponde a la última de las mujeres afectadas-, estaba de acuerdo con la realización de este juicio abreviado.

También estuvo presente el abogado querellante del Gobierno Regional, quien se manifestó en el mismo sentido.

La fiscal dio cuenta de las diligencias realizadas durante la investigación que se inició en mayo del año 2019, con la denuncia de la última de las víctimas que era una alumna en práctica de la entidad gubernamental y quien fue la que sorprendió al acusado grabándola en el baño.

La persecutora agregó que la investigación realizada junto a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de investigaciones permitió establecer que entre los años 2008 y 2019, el imputado grabó en diversas oportunidades las zonas genitales de mujeres y en un caso de un hombre, cuando estas personas se encontraban al interior de los baños de distintos domicilios particulares y lugares donde el imputado trabajaba. Para hacer estas grabaciones el imputado instalaba cámaras ocultas al interior de los baños y las imágenes las guardaba en diversos discos duros.

La Fiscalía indicó, que la policía incautó y perició diversos soportes que el acusado mantenía en su poder, encontrando 67 videos con imágenes de mujeres y un hombre, y logrando identificar a cinco de las víctimas grabadas sin su consentimiento.

Luego que el acusado aceptara los hechos de la investigación, el juzgado de garantía acogió la solicitud de la Fiscalía y resolvió condenarlo a la pena de 3 años y un día de presidio, otorgándole el beneficio de la libertad vigilada intensiva, manteniendo la prohibición de acercarse a las víctimas y sus familias por el tiempo de la condena, y debiendo someterse a un programa formativo anual de control de impulsos. Además se decretó el comiso de los soportes tecnológicos incautados y el acusado deberá pagar una multa de 25 UTM.

Creditos: SoyIquique

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