La justicia condenó a la pena remitida de tres años y un día de reclusión menor en su grado máximo con beneficio de libertad vigilada, al empresario y ciudadano de la India, propietario del restaurante Jewell of India ubicado en Providencia, Rakesh Bramhanand Arora, por el delito de trata de personas. Mientras absolvió al gerente del local comercial, el chileno René Francisco Montes Fuentes. También el propio empresario indio fue absuelto de las acusaciones de tráfico ilegal de migrantes que pesaban sobre él, en hechos denunciados en junio de 2013.
Asimismo la justicia condenó a Rakesh Bramhanand al pago de una multa de veinticinco unidades tributarias mensuales, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para ocupar cargos y oficios públicos.
A inicios de junio de 2013, la Policía de Investigaciones (PDI) y funcionarios de la Dirección del Trabajo llegaron hasta el restaurante, donde encontraron a una decena de personas de ese país de Asia que vivían en el mismo local comercial en condiciones precarias, sin contratos, con salarios por debajo de los prometidos cuando viajaron a Chile y con sus pasaportes retenidos por los dueños del local. El allanamiento del restaurante fue ordenado por la Fiscalía Metropolitana Occidente y los hechos que constató la PDI permitían sospechar la comisión de delitos de trata de personas con fines de explotación laboral.
La investigación que duró cinco años terminó con la absolución del chileno René Montes, quien fue inicialmente inculpado de complicidad con el empresario indio para el delito de trata de personas. Las diez personas que trabajaban en el local habían sido traídas a Chile desde la India, con la promesa de salarios justos y de buenas condiciones laborales.
Una vez que llegaron a Santiago, sin embargo, se les retuvo su documentación, se les obligó a vivir en condiciones precarias y recibieron salarios por debajo de las expectativas, pese a las extensas jornadas de trabajo. El 14 de junio de 2013, el INDH presentó ante el Juzgado de Garantía de Santiago una querella en “contra quienes resulten responsables” de los delitos relatados.