La semana pasada nos enteramos que el Servicio de Impuestos Internos realizará un «perdonazo» a los políticos acusados de corrupción debido a boletas ideológicamente falsas en campañas políticas.
Ante esta situación, la Contraloría General de la República cuestionó duramente al Servicio de Impuestos Internos.
El dictamen del 21 de abril pone en aprietos al SII. Esta situación se produjo luego que Paulina Carrasco y Maritza Navarrete, exabogadas del SII, presentaran un recurso para que el contralor revisara la legalidad de las decisiones del servicio en materia de ilícitos tributarios y, en especial, en relación al financiamiento irregular de campañas políticas.
Al respecto, Contraloría reconoció que si bien el Servicio de Impuestos Internos tiene facultades para aplicar multas y penas de cárcel, o sólo sanciones económicas, así como también presentar querellas y denuncias, asegura que es indispensable que tengan un “fundamento racional” y que no obedezcan al “mero capricho”.
Asimismo, la contraloría advirtió que se debe revocar tal decisión, sobre todo por los hechos expuestos en el reportaje realizado en un noticiario nacional, donde se vio al ex director del Servicio de Impuestos Internos, acusando que fue amedrentado para que detuvieran el proceso de investigación.