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Cuatro meses llevaría viviendo sobre sus heces y orinas en una celda de aislamiento del Penal Colina II el interno D.A.B.B. que padecería un extendido episodio psiquiátrico de paranoia y respecto de quien el Instituto Nacional de Derechos Humanos –INDH- presentó un recurso de amparo para proteger su seguridad individual.

Según consta en el escrito del INDH fueron los propios internos del penal quienes alertaron sobre el estado de D.A.B.B. a los observadores/as del Instituto, cuando estos realizaban una visita ordinaria para constatar las condiciones del penal.

D.A.B.B. requeriría internación y tratamiento siquiátrico, no obstante por la falta de camas que experimenta el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Norte, esto no  ha podido llevarse cabo. Sin embargo Gendarmería tampoco habría dispuesto las medidas necesarias para otorgarle un tratamiento médico que permita enfrentar la paranoia que padece.

El interno pasaría la totalidad del día en la oscuridad, debido a que además de estar en aislamiento, la celda que habita no tiene electricidad. Cabe señalar que quienes ocupan este tipo de celdas permanecen alrededor de 23 horas diarias encerrados, sin ventanas y sólo con un pequeño orificio en la puerta que los comunica con el exterior.

Indulto presidencial

Un enfrentamiento entre internos del penal de Alto Hospicio ocurrido en octubre de 2017 dejó a uno de ellos de iniciales J.D.B.A. herido en su corazón por un arma corto punzante, lo que le produjo múltiples paros cardiorrespiratorios que finalmente lo dejaron en un  estado vegetativo irreversible.

A raíz de lo anterior, la sede Regional del INDH de Tarapacá inició las tramitaciones pertinentes para que el interno J.D.B.A. fuese beneficiario de un indulto presidencial respecto de su condena, gestión que culminó con éxito dado que la Presidenta Michelle Bachelet le otorgó dicho beneficio el pasado lunes 19 de febrero.

El estado de salud del interno y la gestión realizada por el INDH ante a la Comisión Medica Preventiva de Invalidez (COMPIN) fueron fundamentales para acreditar la discapacidad del interno, quien ya fue retirado del penal por su familia.